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Anticapitalistes
  
dimarts 10 d’octubre de 2017 | Manuel
¿Legalidad versus democracia?

Tasio Erkizia

Legalidad no es igual a democracia. La democracia es un concepto mucho más amplio que la legalidad. Y no lo es porque legalidad también había en tiempos de Franco y la hay en la Turquía actual. Legal fue cambiar la Constitución para regalar miles de millones a la banca, pero no fue democrático. Democracia es mucho más que legalidad, es establecer un sistema que respete y asuma la voluntad del pueblo.

«No se ajusta a la legalidad constitucional vigente, luego es antidemocrático» es el argumento esgrimido de manera machacona por Rajoy y su corte para amenazar a las instituciones y al pueblo de Cataluña. Y este es un planteamiento falso por parcial, que convertido en verdad absoluta, distorsiona gravemente la realidad, llegando al absurdo de justificar su tajante negativa a cualquier tipo de diálogo. ¿Cómo se puede calificar a los gobernantes que se niegan a dialogar con representantes de la población que de manera pacífica plantean una reivindicación plenamente democrática? ¿Chulería porque tienen la fuerza del Ejército y la policía? ¿Miedo a que una mediación internacional les dé la razón a los catalanes? ¿Incapacidad de liderar una transición hacia la democracia?

Es verdad, que una sociedad tan compleja como las actuales, una democracia sin legalidad no es entendible. Pero legalidad constitucional no es idéntico a democracia, y ese es el meollo de la cuestión. En Cataluña, la voluntad popular ha desbordado el Estado con todas sus leyes. Hay una rebeldía pacífica de cambio radical y con determinación de llegar hasta las últimas consecuencias. La democracia ha superado la legalidad. ¿Y qué se hace en esas situaciones? ¿Utilizar la legalidad para ahogar la democracia? ¿O buscar fórmulas políticas legales que encaucen y recojan la voluntad de la ciudadanía?

La Constitución del 78, entre otras graves deficiencias, no recogió una reivindicación democrática, ampliamente asumida por el antifranquismo, como es el derecho de autodeterminación de los pueblos. Se cerraron las puertas de dicha Carta Magna a un sentimiento muy profundo. Y de esa manera, la Constitución se ha convertido para una parte importante de la ciudadanía catalana, vasca y también gallega en la «cárcel de los pueblos». En base a dicha legalidad se han impuesto innumerables trabas al desarrollo de nuestra lengua, cultura y la capacidad de decidir nuestro futuro económico y social. Nos han convertido en ciudadanos de segunda en nuestro propio pueblo, gobernados desde Madrid por partidos que son irrelevantes en la propia tierra. PSOE y el PP de Cataluña protestan de manera airada porque a las minorías no se les tiene en cuenta. ¡Qué morro tienen! Toda la vida ahogando a las minorías e impidiendo que demos nuestra opinión y por una vez que los independentistas de Cataluña pueden ejercitar el derecho a opinar sobre su soberanía, son apaleados por la policía e insultados por los unionistas.

En Cataluña tambalea el Régimen del 78. Durante 40 años han vendido, una Constitución que ahogaba importantes reivindicaciones como modélica, pero hace crisis por todas las partes. Impusieron un articulo dos, en el que se negaba que en el Estado español hubiera más nación que la española y el artículo ocho en el que al Ejército le convierten en el garante de la unidad española... pero el pueblo de Cataluña ha perdido el miedo a los jueces, policías y delegados de Madrid, y se dispone a ser gobernado por ellos y para ellos. Se han cansado de ser ninguneados, marginados y ofendidos y han decidido hacer camino por ellos mismos.

Hay un choque entre legalidad y democracia. Y es más, incluso entre legalidad española y legislación internacional. Porque no lo olvidemos, las instituciones catalanes gozan de apoyo popular y también del apoyo de la legalidad internacional, como lo demuestra de manera fehaciente la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, adoptada el 22 de julio de 2010 y por la que se obligaba a Serbia a abandonar Kosovo:

«Declaramos que no existe en derecho internacional ninguna norma que prohíba las declaraciones unilaterales de independencia. Declaramos que cuando hay una contradicción entre la legalidad constitucional vigente de un Estado, y la voluntad democrática, prevalece la segunda, y declaramos que en una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la Ley la que determina la voluntad de los ciudadanos, sino que ésta es la que crea y modifica cuando sea necesario la legalidad vigente».

Frente a frente la Constitución del 78, aprobada bajo la amenaza y la tutela del Ejército, y la voluntad democráticamente expresada por millones de catalanes, con el apoyo de la legalidad internacional. ¿Solución? No hay otra que reconocer la legitimidad catalana y buscar salidas acordadas. El camino de la imposición solo acarrea sufrimiento y retrasar lo imparable: la creación de la República Catalana.

Es la hora de la transición democrática. Es el momento de los distintas naciones del Estado español y el turno de las mujeres y hombres con visión de futuro.

10/10/2017

naiz


La legalidad de la independencia

Deia, Editorial

La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, máxima instancia judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que considera legal y ajustada al derecho internacional la declaración unilateral de independencia proclamada por la Asamblea (parlamento) de Kosovo el 17 de febrero de 2008 supone no sólo el reconocimiento como realidad estatal de la que hasta hace dos años era considerada una provincia de Serbia a pesar de la voluntad de sus habitantes, sino una forma de amparar aspiraciones similares de otras naciones y regiones que aún se encuentran encorsetadas dentro de distintos Estados. A pesar del carácter no vinculante del fallo judicial y de que Serbia, que fue precisamente quien apeló al CIJ, ya ha anunciado que obviará el mismo y seguirá sin reconocer la independencia del Estado kosovar, la sentencia, cuyos razonamientos se harán públicos en los próximos días, determina, según el presidente de la Corte, Hisashi Owada, dos aspectos fundamentales en cuanto al respeto al derecho que compete a las sociedades civiles para decidir su futuro político. Por un lado y como ha venido siendo evidente a lo largo de la historia, Owada reiteró ayer que "no hay norma en el Derecho Internacional que impida las declaraciones de independencia" y, por otro, que "la Asamblea de Kosovo tiene poder para tomar decisiones que afectan a su orden legal" lo que conlleva el reconocimiento implícito de las capacidades de otros parlamentos no estatales en el mismo sentido. El veredicto, además y aunque parezca que carece de efectos prácticos inmediatos más allá de ofrecer un espaldarazo jurídico a la independencia kosovar, ya reconocida por 69 países y entre ellos 22 miembros de la UE, tiene relevancia en cuanto a la confirmación del artículo 73.a de la Carta de las Naciones Unidas, que obliga a sus "miembros con responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio (...) a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas", y también del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que determina que "todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación y en virtud de este derecho a establecer libremente su condición política". Y lo hace pese a la resistencia de Estados que, como España, han llegado a participar en el proceso sobre Kosovo en el CIJ tratando de impedir que la Corte reconozca la legalidad de la independencia por temor a su traslación a casos que les afectan -como Euskadi o Catalunya- a pesar de ser firmantes de una legalidad internacional que incluye acuerdos tan nítidos como los dos citados y que finalmente ha sido reconocida por la Corte Internacional de Justicia.


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