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Anticapitalistes
  
dimarts 2 de maig de 2017 | Manuel
L’Assamblea per una Renda Básica al País Valencià presenta en Les Corts Valencianes la seua proposta alternativa a l’avantprojecte de llei de Renda Valenciana d’Inclusió.


El 27 d’abril de 2017, l’Assemblea per la Renda Bàsica al País Valencià va presentar en Les Corts Valencianes la seua crítica del avantprojecte de llei de Renda Valenciana d’Inclusió, actualment en fase d’estudi en el Consell Jurídic Consultiu, i la seua proposta alternativa global. L’assemblea va decidir de no convertir la seua proposta alternativa en esmenes concretes a un projecte de llei.

A continuació el document d’avaluació crítica de l’avantprojecte i la propsta alternativa.

Desarrollo de las Alegaciones

Cuando el coste de la "cura" de los efectos de la crisis del capitalismo de 2007-8 se trasladan a la ciudadanía con el cierre de empresas, los deshaucios y la degradación de las condiciones laborales y de los salarios. Cuando 3/4 partes de las personas que trabajan lo hacen en régimen de subempleo y los niveles de desempleo se mantienen elevados sin perspectivas de que los empresarios aumenten su capacidad de empleo de forma significativa. Cuando las desigualdades y la pobreza aumentan. Es hora de cambiar en el País Valencià un sistema de protección social que se ha mostrado muy insuficiente para cubrir las necesidades de las personas en situación de pobreza y exclusión. La Generalitat ha presentado un anteproyecto de ley de Renta Valenciana de Inclusión, y ante este anteproyecto queremos manifestar nuestra opinión y presentar una alternativa.

Por ello, los colectivos agrupados en la Asamblea por la Renta Básica al País Valencià, a pesar de podamos considerar que este anteproyecto de ley supone un ligero avance respecto a la ley que pretende sustituir, no deja de sorprendernos el corto alcance del mismo, sobre todo después de las afirmaciones que en las primeras páginas (la declaración de intenciones) del borrador, publicado por el Consell el pasado mes de diciembre, se dejaron caer y que después desaparecieron en texto definitivo del anteproyecto.

Afirmaciones como: “Una de las medidas que actualmente está captando más la atención internacional es la Renta Básica, es decir, una asignación monetaria incondicional a toda la población. La Renta Básica incondicional no es solamente una medida contra la pobreza, es una medida que aumentaría la libertad real de la ciudadanía.” y por ello “la Generalitat Valenciana quiere en este preámbulo dejar constancia de la voluntad de les Corts para extender el conocimiento de la Renta Básica entre la población, y de trabajar para que ésta sea una realidad en un futuro no muy lejano, porque permitiría dotar a toda la ciudadanía de medios suficientes para garantizarles la existencia material digna, condición para que toda persona pueda ser, efectivamente, libre.”

Una vez hechas esas afirmaciones, se justificaba en el borrador el corto alcance del mismo con argumentos como: “Sin embargo, la Comunitat Valenciana no dispone de medios legales ni económicos para poder implantar una Renta Básica incondicional. Para ello debería emprenderse una reforma fiscal muy amplia que permitiera la asignación de una Renta Básica de una cantidad igual, al menos, al umbral de la pobreza para toda la población. Esta financiación también permitiría una redistribución de la renta de la parte más rica a la inmensa mayoría de la ciudadanía, pero esta competencia hoy unicamente la tiene el gobierno del Estado, por lo que resulta imposible plantearla como modelo para la Comunitat Valenciana en este momento.”

Un preámbulo que, en otras palabras, venía a decir: “nuestra pretensión sería crear un nuevo derecho de ciudadanía, un derecho individual, universal, indefinido y sin condiciones, que inicie el camino hacia una sociedad más justa. Pero por falta de autonomía fiscal vamos a crear un derecho subjetivo, condicionado y que trate la pobreza no como una consecuencia de las desigualdades sociales de un sistema injusto, sino como una manifestación de la falta de adaptación de las personas que la sufren a las exigencias de una sociedad avanzada y, por ello, la necesidad de que éstas se reciclen para poder competir en la misma”. Algo que se ha confirmado con el preámbulo del anteproyecto de ley que ha llegado a esta comisión, al desaparecer toda referencia a la Renta Básica.

En nuestra propuesta de una Renta Básica del País Valencia, que seguro ya conocen (fue entregada el pasado 23 de diciembre en el registro de la Consellería avalada por más de 8.000 firmas de ciudadanas valencianas), consideramos que la falta de autonomía fiscal no es obstáculo para la implantación de la misma. Existen posibilidades a explorar en el campo de los impuestos propios y en la investigación y control propio del fraude fiscal, actualmente competencia estatal, que son campos poco explorados por nuestro País, y, a su vez trabajar junto con otras autonomías la manera de como alcanzar esa autonomía fiscal.

Por ello planteábamos, en nuestra propuesta, dos fases de aplicación para adecuarla a la realidad económica del País Valencià (fases que sus técnicos podrían ampliar o modificar de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, siempre y cuando no alteraran el espíritu de una ley de la Renta Básica Valenciana) y una Disposición Adicional Segunda que dice: “Los poderes públicos valencianos, mediante esta ley, promoverán a su vez la implantación de una Renta básica en todo el estado español, única manera de poder llevar a cabo la extensión al resto de las personas.”

Su anteproyecto de ley no abre el camino para la implantación en un futuro de la Renta básica, pocos aspectos mejoran la legislación existente, entre los que podríamos destacar la Característica D del artículo 8 (pagina 20 del anteproyecto) al afirmar que “es una prestación periódica e indefinida, siempre que se mantengan en el tiempo los requisitos y condiciones que originaron el derecho a su percepción y que permitan su renovación” Aspectos que, a nuestro entender, resultan insuficientes.

Insuficientes, pues dichos avances se ven limitados por un concepto de ciudadanía restringido al no plantearse como una renta individual, concepto que se restringe aún más (ver artículo 10 punto 2) a las personas menores de 25 años (las más castigadas por la crisis con un nivel de paro del 42,5% en el tercer trimestre de 2016 como reconocía el mismo borrador en su página 11 o el mismo preámbulo del anteproyecto cuando dice “Situaciones que además, no sólo responden a motivos estrictamente sociales, sino también a la paulatina precarización que está sufriendo el mercado laboral -contratos y salarios-, con grave incidencia en los perfiles laborales menos cualificados y de las personas jóvenes”.) considerándolas en cierta medida menores de edad, cuando la mayoría de edad, que sepamos, es a los 18 años.

A su vez, nos parece una ley, por un lado, demasiado intervencionista por parte de los Servicios sociales municipales, y, por otro, que descarga toda la responsabilidad en las personas demandantes de la misma (Ver el apartado C del primer punto del artículo 12, el punto 1 del articulo 33 o el punto 2 del articulo 35 punto), responsabilidad que que acarrea un catalogo de infracciones y régimen sancionador excesivamente duros. Por otra parte consideramos que es una ley demasiado cara por el excesivo aparato burocrático que su puesta en marcha acarrea.

En suma, es un anteproyecto de ley al que se le podría aplicar la critica que el Pleno del Observatorio de la vulnerabilidad del Síndic de Greuges, en su informe de marzo de 2016, achacaba a la renta garantizada de ciudadanía, cuando “considera que la RGC debe asegurar la cobertura de necesidades materiales básicas que garanticen una vida digna de las personas. Esta consideración no debe estar vinculada a ninguna contraprestación en cuanto a cumplimiento de objetivos contenidos en el PFI o en el PIL, sobre todo teniendo en cuenta la escasa capacidad de la administración pública para elaborar y aplicar en tiempo dichos planes. La RGC debería tener carácter de renta básica universal no condicionada. La concesión quedaría vinculada al cumplimiento de requisitos acreditativos de la situación de necesidad.” por ello manifiesta “...que la gestión de la prestación de RGC debería mantenerse fuera del ámbito de los servicios sociales, toda vez que la falta de recursos de los equipos municipales de servicios sociales y la excesiva burocratización de sus funciones (tramitación administrativa y de prestaciones) han afectado negativamente al papel que estos deberían desempeñar prioritariamente, que no es otro que la intervención psicosocial” No teniendo en cuenta el informe citado, el anteproyecto de ley mantiene, como ya hemos dicho anteriormente, el control de la misma en los servicios sociales y supedita, aunque de manera voluntaria (entre comillas) la percepción de la renta a la suscripción de un acuerdo de inclusión por parte de la persona titular y de las personas beneficiarias, como se afirma en el punto 3 del articulo 27 del mismo anteproyecto. Acuerdo de inclusión que no vamos a analizar al considerar que, en consonancia otra vez con el observatorio de la vulnerabilidad, no es objeto de esta ley por lo que debería quedar fuera de la misma.

Sobre la cuantía, el problema tiene más que ver con la adjudicación a la unidad familiar y dejar con ello a las personas mayores de edad al arbitrio del titular. Pero considerar que una unidad familiar de cuatro miembros puede vivir con 665 euros al mes, si acepta la inclusión en itinerarios, o la mitad en el caso de que la rechace, es una consideración cuestionable en el mejor de los casos.

La ley, que ya de por si tiene muchos aspectos negativos, puede empeorar al depender demasiados de sus puntos de un desarrollo reglamentario que desconocemos, pero que por el espíritu reflejado en el texto intuimos. Por último, este proyecto de ley carece de un estudio de su alcance real en la disminución de la pobreza.

Por ello, les remitimos, junto a esta enmienda a la totalidad, una propuesta desarrollada en forma de ley de Renta Valenciana de Ingresos Mínimos que abre el camino al derecho ciudadano a una Renta Básica y que viene a desarrollar la primera fase de aplicación de la Propuesta de Renta Básica al País Valencià que acompañaba nuestra campaña de recogida de firmas.

Decimos que abre el camino al derecho ciudadano a una Renta Básica porque, en primer lugar, recoge la incondicionalidad, la individualización y el control social del desarrollo de esta Renta. Y porque, en segundo lugar, propone la aplicación, de forma experimental durante la duración de esta propuesta y con una evaluación de su efecto, de una renta básica universal incondicionada en una de las comarcas del País Valencià elegida de entre aquellas con peores indicadores sociales y de pobreza.

Ante la respuesta habitual de que ’no hay dinero’, decimos que dinero sí hay. Nuestra propuesta plantea la necesidad de una hacienda valenciana con capacidad de control y gestión propios del fraude fiscal. También nos plantea el cuestionamiento del pago de la deuda ilegítima. ¿Se pueden pagar cientos de millones de euros en intereses de deuda y que no haya dinero para combatir la pobreza?

Por último, nuestra propuesta alternativa queremos hacerla complementaria de otras que se dirijan a mejorar el régimen laboral y de trabajo no asalariado, los salarios y el reparto del trabajo

Assemblea per la Renda Bàsica al País Valencià

La propuesta alternativa en este pdf

PDF - 197.3 kB


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