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diumenge 31 de març de 2013 | Manuel
Consultoras letales + Propuestas de PWC para la "gobernanza" del Institut Català de la Salut

Albert Recio Andreu, FADSP

Mucho se ha hablado del papel de las empresas de calificación de riesgos en las crisis financieras. Pero no son los únicos agentes activos que ayudan a crear la sinrazón económica que nos atenaza. Uno de estos actores fundamentales lo constituyen las grandes empresas de auditoría-consultoría. Otro de estos inventos liberales pensados en teoría para autoregular los mercados, pero cuyo papel en la práctica es mucho más discutible.

Las empresas de auditoría son en teoría un agente externo que trata de validar la contabilidad de las grandes empresas, defendiendo los intereses de los accionistas y la sociedad de las presuntas malas prácticas de los gerentes y altos ejecutivos. En la práctica, su labor es bastante rutinaria y su capacidad de detectar problemas serios está limitada a detectar fallos garrafales y errores de bulto. El problema es que muchas de las valoraciones de las empresas son contingentes, requieren una enorme cantidad de información, de control in situ, algo que suele estar fuera de la actividad corriente de los auditores. Es un clásico problema de asimetría de la información: quien controla el día a día de una empresa siempre tiene más conocimiento de lo real que quien acude periódicamente a evaluar la contabilidad. Los problemas van sin embargo más allá. Quien asigna el auditor a la empresa no es alguien externo a la misma, sino la propia empresa. Si el contrato es suculento, el auditor querrá conservar el cliente y no es difícil que antes de hacer un informe muy negativo trate de negociar un apaño que permita la continuidad de la relación. Y, lo que es aún peor, las grandes firmas de auditoría se han convertido en auténticas máquinas de servicios de apoyo a las empresas en forma de asesorías de todo tipo, incluida la legal y fiscal. Así, no es ser muy malpensado esperar que lo que se asesora para eludir impuestos o aumentar beneficios no va a ser puesto en cuestión en la auditoría.

Todos estos problemas son bien conocidos de hace tiempo. Se pusieron en evidencia en la crisis de 2001, cuando la quiebra de Enron. Quedó claro en aquel momento que Arthur Andersen (la mayor auditora mundial por entonces) había ayudado por pasiva (auditoria amable) y por activa (consultoría) a levantar el castillo de humo que se escondía tras la fachada de una gran empresa eléctrica. La crisis condujo al cierre de ambas empresas, a una moderada regulación del modelo, pero no a su puesta en cuestión. Muerta Arthur Andersen, otras empresas han pasado a llenar su espacio con la misma estulticia que su difunta competidora. Algo que se ha puesto en evidencia en toda la larga crisis financiera de los últimos años, donde cientos de empresas parecían tener todo en regla hasta que se demostraba lo contrario.

El papel nefasto de estas empresas no se limita sin embargo a su incapacidad de hacer un buen análisis crítico de las cuentas de las grandes empresas, o a su complicidad en diseñar modelos de gestión para eludir obligaciones. Su enorme crecimiento y popularidad las han convertido en verdaderos promotores de ideas tanto para la gestión privada como para la pública. Y del asesoramiento de esas empresas nacen muchas de las propuestas privatizadoras y de mercantilización de los servicios públicos. Los políticos neoliberales usan esas “marcas” globales como justificativo de sus propuestas de desmembrar el sector público y como coraza para eludir un debate abierto.

La muestra más reciente de este uso la hemos tenido en Catalunya cuando se ha descubierto que la Consellería de Sanitat tiene en su mesa un informe elaborado por Price Waterhouse Coopers (la mayor empresa mundial) donde se promueve la privatización del sistema público de salud. Cuando se ha interpelado sobre el tema al Conseller Boi Ruiz, éste ha asegurado que dicho informe no ha costado ni un centimo público, que PWC lo ha elaborado gratis. Tan escandaloso resulta que las palabras de Boi Ruiz sean falsas —se habría gastado dinero público para promover sus ideas— como verdaderas. Pues en este segundo caso indicarían que PWC está tratando de influir, por cuenta propia o ajena, de forma velada, sobre las decisiones del Govern. Resulta evidente que se trata de una clara actividad de lobby.

No creo que éste sea un caso particular. Si se rastrean la mayor parte de procesos de privatización, es fácil encontrar el papel que juegan en ellos estas verdaderas máquinas neoliberales que son los grandes grupos de auditoría y consultoría. Por si alguién no se había enterado de a qué nos conduce el modelo de gestión pirvada que promueve PWC, esta misma semana hemos tenido una buena muestra, cuando se ha anunciado que el Hospital de Sant Pau está planteando introducir un sistema para “colar” en las listas de espera a quien se pague la operación. Una muestra de “búsqueda de nuevas fuentes de financiación” que constituye un modelo descarnado de discriminación social. Clasismo en estado puro.

La defensa del sector público, de una economia regida por los intereses de la mayoría dentro de un proceso de decisiones democráticas, exige un cambio profundo en las instituciones. Entre otras cosas, limitar y acotar el papel de un modelo de empresa que transita entre la inutilidad, la conspiración y la propaganda. Un verdadero programa reformista debe evaluar y atacar el conjunto de instituciones neoliberales. Nos va la vida, la dignidad, el bienestar, la democracia.

26/3/2013

Font: mientrastanto.org


La Generalitat maneja un informe que prevé privatizar 18 hospitales

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El plan propone vender entes públicos tras ser convertidos en empresas

ORIOL GÜELL / JESSICA MOUZO QUINTÁNS, 11/2/2013

La Generalitat de Cataluña tiene en sus despachos un plan privatizador de la sanidad pública que, de llevarse a cabo, dejará en manos de empresas con afán de lucro al menos 13 grandes instituciones sanitarias públicas. Estas entidades, principalmente consorcios, tienen asignada una población de más de dos millones de habitantes y, en su conjunto, gestionan 18 hospitales, 46 centros de atención primaria y casi un centenar de otros dispositivos asistenciales. EL PAÍS ha tenido acceso al borrador del plan —titulado Aproximación a un nuevo planteamiento estratégico para las empresas públicas y consorcios de salud de la Generalitat—, fechado en junio de 2011, y que también prevé la venta de entidades públicas. El documento ha sido redactado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) e incluye una lista de empresas susceptibles de participar en la privatización —Capio Sanidad, Grupo Ribera Salud, USP, HM Hospitales...—. Los autores también dejan caer un consejo: “Nuestra recomendación es una entrada de capital privado en dos fases para diluir el impacto político y social” del plan.

Las entidades cuya gestión es susceptible de ser privatizada, según el documento, son los consorcios de Terrassa, Sabadell, Maresme (Mataró), Vic, L’Anoia (Igualada), L’Alt Penedès, Integral (en el Baix Llobregat), además de los hospitales barceloneses Clínic, Sant Pau, Mar y Pere Virgili, entre otros.

Preguntado sobre el documento, el Departamento de Salud de la Generalitat asegura que se trata solo de un “planteamiento teórico” y rechaza que vaya a “privatizar ninguna empresa pública o consorcio”. Salud, sin embargo, no ofrece una respuesta clara sobre las razones por las que encargó el documento y asegura, en contra de lo que dice el propio texto, que este surgió de “una propuesta de PWC”. La Generalitat se ha negado a informar del coste del plan para las arcas públicas.

Esta es la segunda filtración en 14 meses de documentos que señalan hacia la privatización del sistema sanitario catalán, cuyo consejero, Boi Ruiz, procede de la patronal Unió Catalana d’Hospitals. En octubre de 2011, este diario avanzó otro plan —La gobernanza del ICS— que preveía trocear el Instituto Catalán de la Salud —que agrupa los ocho grandes hospitales y cerca de 300 centros de atención primaria que gestiona la Generalitat— en 20 sociedades que iban a ser abiertas al capital privado. Salud negó entonces que pensara aplicarlo en ese sentido. La división del ICS ya ha empezado, aunque las nuevas sociedades hijas siguen siendo, hasta la fecha, enteramente públicas.

En la peculiaridad del sistema sanitario catalán, ambos planes son complementarios y ofrecen a la Generalitat —gobernada por CiU— una hoja de ruta bien definida hacia una masiva entrada del capital privado en la sanidad pública catalana, cuya principal característica es la separación entre quién la financia —el CatSalut, organismo del Departamento de Salud— y quién presta la asistencia, los denominados proveedores. Entre ellos está el ICS, pero también un amplio abanico de entidades públicas y privadas que cuentan con plena autonomía de gestión.

Aunque Salud reniegue de ellos, los dos documentos filtrados dan respuesta a lo que para sus responsables políticos son los dos grandes problemas de la sanidad catalana actual. El primero es el gran tamaño y la supuesta rigidez de gestión del ICS, heredero de la vieja Seguridad Social que gestionaba los hospitales españoles. De ahí el deseo en La gobernanza del ICS de trocear e introducir nuevas formas de gestión en él.

El segundo problema que los responsables sanitarios ven al sistema tiene que ver con la deuda pública y la situación laboral de sus trabajadores. En su origen, las deudas de consorcios y empresas públicas sanitarias no computaban como de la Generalitat. Tampoco las condiciones de sus trabajadores eran equiparables con la de los funcionarios del ICS. Pero esta situación ha cambiado con la normativa europea de contabilidad y la creciente equiparación de condiciones para todos los empleados sanitarios, como se ha visto con la aplicación universal de la reducción salarial del 5%.

Para PWC, ambas tendencias “atentan contra los principios fundacionales” del sistema catalán y se impone como objetivo hallar fórmulas que devuelvan a los hospitales tal autonomía que rompa la equiparación laboral y evite a la Generalitat asumir las deudas de los centros sanitarios.

La cuestión es que ello es imposible sin recurrir a una doble estrategia de privatización que, por un lado, pasa por vender empresas públicas y, por otro, por entregar a la gestión privada los hospitales cuya venta no es posible cuando, por ejemplo, el edificio es propiedad de otras instituciones como Ayuntamientos o la Seguridad Social. Y es aquí donde confluyen los dos planes de los que reniega Salud, ya que la fórmula sería aplicable tanto a consorcios como a las sociedades hijas del ICS.

La venta de organismos públicos debe hacerse, según PWC, en dos fases. “El primer paso consiste en transformar las entidades de derecho público en sociedades mercantiles” propiedad del CatSalut. Luego, “el CatSalut podrá (...) enajenar los títulos de la sociedad o incluso perder su posición mayoritaria para dar entrada a terceros”. Para ello, PWC contempla dos posibilidades: la subasta pública o la enajenación directa, aunque señala que “la subasta pública es el procedimiento general”.

Para los hospitales, PWC propone la separación entre patrimonio y gestión, y la privatización de esta última. “Se pretende que el patrimonio siga en manos públicas y que la gestión de los servicios sanitarios se encomiende a un tercer gestor que asuma los riesgos \(y los beneficios\) de su explotación”. Tras analizar varias opciones, PWC se inclina por elegir la concesión administrativa y el concierto como fórmulas deseables ya que permiten “que las pérdidas que en su caso puedan derivarse no puedan computarse como deuda de la Generalitat”.

El documento llega incluso a plantear la duración de los contratos, que sería de “10 años salvo que dicho contrato comprenda también la ejecución de obras, en cuyo caso podría ser de hasta 50 años”.

La adjudicación de servicios públicos esenciales a operadores privados tiene, sin embargo, un riesgo que PWC no oculta: “Un concesionario deficitario puede poner en riesgo la salud de las personas, (por lo que) es lógico pensar que en ese supuesto la Generalitat intervendría rápidamente el servicio”. Esta última posibilidad —conocida como la “privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas”— es la que ha motivado que este tipo de concesiones hayan sido a menudo objeto de duras críticas.


Cataluña planea trocear la sanidad pública para abrirla al capital privado

El informe "La gobernanza del Instituto Catalán de la Salud", de Price Waterhouse Coopers, propone crear 20 de empresas con afán de lucro

LLUÍS PELLICER / FERRAN BALSELLS 19/10/2011

Con la premisa de que el modelo actual se ha quedado obsoleto, el Ejecutivo de CiU estudia trocear el Instituto Catalán de la Salud (ICS) ... El fin es flexibilizar la gestión, lograr que las nuevas empresas tengan beneficios, dar entrada al capital privado e incentivar que los trabajadores se conviertan en empresarios del sector

... el plan no tendría un impacto directo sobre el ciudadano, que seguiría siendo atendido con su tarjeta sanitaria. Pero sí supone el fin del ICS tal como ha existido en los últimos 28 años y plantea ir más allá de lo que han ido comunidades como Madrid y la valenciana. Estas cedieron a la gestión privada nuevos hospitales, pero mantuvieron los que en su día recibieron del antiguo Insalud. El ICS, que ahora cuenta con un presupuesto anual de 2.892 millones de euros y una plantilla de 41.673 trabajadores, pasaría a encabezar el holding que controlaría todas esas sociedades. Ocho de ellas corresponderían a los ocho hospitales públicos y una docena a agrupaciones de entre 15 y 25 ambulatorios.

Según el informe interno, las 20 nuevas empresas estarán abiertas a la "participación de los profesionales" del sector sanitario. Esta relación se articularía a través de la creación de sociedades mixtas, participadas por el ICS y profesionales e inspiradas en el actual modelo de autogestión, conocido como EBA, que funciona en algunos centros de salud. En los hospitales, estas podrían hacerse cargo de servicios o unidades asistenciales y serían retribuidas mediante un contrato programa.

Todas las filiales, además, se abrirían al capital privado por otra vía. El documento propone ampliar el "abanico de posibilidades y alianzas" creando "consorcios con otras entidades públicas y privadas", y empresas mixtas con "otros proveedores sanitarios" para ganar eficiencia y optimizar y centralizar recursos.

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La hoja de ruta que marca el documento supone ejecutar ese proceso en un periodo de entre tres y cinco años, aunque se empezaría por una prueba piloto en la que se quiere implicar a "profesionales, equipos de dirección y grupos de interés". El documento incluso recuerda que deberá realizarse un plan de comunicación para "controlar el mensaje", hallar "los mejores portavoces" y "reclutar líderes de opinión".

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Los cambios afectan también a la forma en que Salud pretende incorporar médicos y personal sanitario a la plantilla de los centros públicos. El modelo actual de contratación de la sanidad pública, basado en el habitual sistema de oposiciones, que configura sectores donde los sindicatos adquieren una fuerza notable, está abocado a cambios de calado en Cataluña ... El Gobierno catalán aspira a implantar un nuevo proceso de selección que define solo de forma superficial, pero que permitiría "adaptar la gestión de los recursos humanos de acuerdo con las circunstancias actuales", señala en referencia a la crisis y los recortes que aplica en sanidad pública, de casi 1.000 millones de euros. "Es necesario adaptar la flexibilidad de contratación a los momentos actuales", insiste el informe.

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La nueva gestión de recursos humanos que esboza el informe busca diluir la importancia de los factores de selección habituales en cualquier proceso de oposiciones para las contrataciones indefinidas. "En cuanto a la selección temporal, difícilmente el ICS podrá sustraerse a utilizar la bolsa laboral pactada con las fuerzas sindicales". Para la contratación definitiva, sin embargo, el Gobierno trazaría un nuevo marco legal para invertir esta situación. "El modelo debe modificarse para incorporar la participación del personal directivo y de mando en la selección final de los profesionales", señala el informe.

Como compensación, el Gobierno sopesa implantar nuevas formas de incentivar a los profesionales. "Los sistemas retributivos deberán negociarse de forma más flexible y específica con los profesionales", precisa, y concluye que "será un factor importante para estimular al personal".

Argumentos de PWC en su informe La gobernanza del Instituto Catalán de la Salud

Modelo agotado, sistema ingobernable

El documento interno de la Generalitat considera “agotado” y “desfasado” el modelo actual de sanidad pública en relación con el sector privado.

“El momento actual y el contexto presupuestario obligan al modelo sanitario catalán a ser más eficiente y eficaz”.

“El actual sistema adolece de rigidez, exceso de burocracia y de centralización y control”.

“El Instituto Catalán de la Salud (empresa que gestiona los centros sanitarios públicos) es ingobernable”.

“Avanzar bajo los mismos parámetros resulta fatigoso y supone una relación resultado-esfuerzo muy baja. El sector sanitario debe replantearse”.

“Las limitaciones propias de la gestión pública y la naturaleza misma del sector de la asistencia sanitaria obligan a buscar soluciones a través de fórmulas híbridas”.

“En la actualidad, el sistema de contratación de personal ofrece poca flexibilidad para la gestión”. “Es necesario adaptar la flexibilidad de contratación a los momentos actuales”.


Análisis de la FADSP sobre el Informe de PWC

“10 temas candentes de la sanidad española para 2013”

La consultora PWC ya había preparado el camino con los informes sobre la sanidad española de 2011 y 2012 y ahora se posiciona sin medias tintas, a favor de la liberalización y privatización total de nuestro SNS.

Del análisis de dicho documento resaltamos:

-  La defensa del Monopolio Sanitario por parte de PWC:

Tras el empeño de la derecha sanitaria en separar la financiación y la provisión en el SNS, plasmada en el informe Abril de 1991, con el supuesto objetivo de incrementar su eficiencia, resulta que ahora la consultora apuesta por la unión de los sectores de aseguramiento, provisión y financiación privadas, tanto de hospitales y empresas de servicios no sanitarios y sanitarios (laboratorios, diagnóstico por imagen, diálisis) como de empresas financieras y de telecomunicaciones, porque considera que “concentración es sinónimo de modernización, capacidad de negociación y viabilidad a largo plazo

Tanto rechazo al monopolio sanitario público y el objetivo no era otro que constituir un monopolio privado

- Otra recomendación de la consultora es la cesión total de la gestión del SNS a las empresas multinacionales, mediante un modelo de negocio similar al de la Industria farmacéutica (IF) y de Tecnologías Médicas

Actualmente muchos servicios, sistemas de información (Historia Clínica electrónica, receta electrónica e imagen médica) y hospitales (Madrid, Valencia) están en manos de empresas y fondos de inversión extranjeros, pero PWC, obviando la fuerte oposición generada en la población y los profesionales del sector, recomienda que esto se generalice, cediendo la gestión del Sistema a empresas multinacionales interesadas.

- PWC apuesta por la renovación y construcción de camas de media y larga estancia a través de la colaboración público-privada.

Área de gran interés para la Iglesia, representada en el comité de asesores del informe por un miembro de la Orden de San Juan de Dios, orden hospitalaria “sin ánimo de lucro” pero vinculada a la compañía farmacéutica Grifols, y que además adquiere en plena crisis económica (abril de 2012) el edificio del Colegio Alemán, que ocupa más de 10.000 m2 en la calle Serrano, para ampliar el Hospital San Rafael y su escuela universitaria de enfermería y fisioterapia de Madrid.

Esta orden religiosa ya gestiona 20 hospitales en España con más de 7000 camas y forma a cada vez mayor número de enfermeras en sus escuelas universitarias de Madrid, Cataluña o Sevilla, donde se imparten estudios de grado y de posgrado, incluyendo Master en cuidados paliativos. Su posición privilegiada en” el mercado” de los hospitales de cuidados intermedios se incrementará y obligará a ingresar a los pacientes del SNS en sus centros confesionales, cuya gestión ideológica influye directamente sobre el tipo de asistencia sanitaria administrada.

- PWC recomienda liberalizar el acceso a los datos de salud de la población española, caminando hacia el open data, para que, según consta en el documento “la información esté disponible para cualquier persona o entidad que pretenda utilizarlos, sin restricciones de derechos de autor, patentes u otros mecanismos de control” e informa de que en varias CCAA ya se están dando pasos en este sentido. La consultora cree que la liberalización de datos debe incluir el genoma y los perfiles de riesgo, que deben estar accesibles en la Historia Clínica electrónica “con el fin de realizar una prescripción dirigida a grupos de población basada en su perfil genético y tender hacia la Medicina Personalizada, para el diseño de estrategias de cribado o terapias a medida

Desde la FADSP creemos que permitir a la industria y a las empresas multinacionales el acceso libre al genoma humano y a los perfiles de riesgo sanitario de la población española es una recomendación intolerable, ya que esta información puede ser utilizada para realizar estudios de mercado, en base a la selección de grupos de personas cuyo perfil genético y recursos económicos interesen de forma especial a la iniciativa privada.

Diversas publicaciones nacionales e internacionales afirman que provocar la sensación de enfermedad generalizada es una estrategia utilizada por la industria para incrementar sus ganancias, aunque el resultado conlleve angustia y ansiedad para esta población en base a unos supuestos riesgos futuros, que ahora se verán “avalados” por los estudios de la herencia genética, que supondrán controles y cribados aún más exhaustivos y una medicalización intolerable de su vida.

El gran consumo de recursos ocasionado no disminuirá las desigualdades, sino más bien al contrario, ya que las personas con bajos recursos no podrán hacer frente a los seguros privados ni a los copagos que grabarán estas terapias de alto coste.

La libertad de acceso y de explotación de estos datos sensibles supone la desprotección y la pérdida de la intimidad de las personas, pero enormes beneficios para las empresas privadas, cuyo control llegará hasta el ADN de la población española.

- PWC afirma en el informe que contar con los profesionales es la única y legítima forma de avanzar, logrando una Alianza entre gestores y clínicos.

Pero a la vez considera imprescindible sustituir las consultas médicas presenciales por la telemedicina, a base de dispositivos móviles, no como un apoyo a la consulta presencial para ciertos pacientes y patologías sino porque “se abre un negocio de gran volumen y rápido crecimiento”.

Y como en una empresa de telecomunicaciones, una gran parte de los profesionales, médicos y enfermeras, funcionarán como teleoperadores deslocalizados, diagnosticando y recetando medicamentos on-line, con unas condiciones de trabajo muy precarias y unos salarios muy reducidos.

En estos momentos de crisis económica, en los que surge con mayor fuerza la necesidad de implantar programas de atención comunitaria, por el incremento de la carga de enfermedad y la mayor necesidad de apoyo y cuidados, en los ancianos frágiles y en los pacientes crónicos la consultora únicamente ve clientes.

- La industria como socio tecnológico

PWC afirma que “la Industria farmacéutica y de tecnologías médicas deben superar su mero papel de suministradores y asumir el rol de socios estratégicos del sistema sanitario, por lo que se les permitirá contar con un conocimiento en profundidad de la cadena de valor del sistema, y muy en particular de sus clientes, garantizando su acceso a la innovación, con el objetivo de superar la disminución del gasto farmacéutico público en España ocurrido desde 2010”

- Además la consultora recomienda disminuir la capacidad decisoria de los gobiernos autonómicos y eliminar las barreras de las CCAA que dificulten o impidan la incorporación de las innovaciones terapéuticas aprobadas por el Ministerio de sanidad, para acelerar la llegada del medicamento al paciente.

PWC y sus colaboradores pretenden limitar la autonomía de las CCAA para facilitar la prescripción de nuevos fármacos e incrementar los beneficios de la IF, a pesar de la enorme cantidad de medicamentos innovadores que se retiran del mercado tras comprobar efectos adversos, que provocan cerca de 200.000 muertes anuales en Europa.

España lidera el consumo de estos fármacos innovadores, poco útiles en su mayoría (solo 1 de cada 10) con mayores riesgos si se introducen en el mercado con excesiva rapidez y mucho más caros.

Actualmente España prueba las innovaciones y el RU, Alemania y otros países europeos consumen estos fármacos ya probados, con mayor seguridad [1] y la IF pretende seguir disponiendo de este inmenso laboratorio de pruebas de fármacos innovadores.

PWC pretende promover el uso de las tecnologías médicas

Lo que supondrá un mayor crecimiento de la burbuja tecnológica ya existente. La utilización de las tecnologías médicas en España, incluyendo las que imparten altas dosis de radiaciones ionizantes como la TAC, se han disparado en la última década, con un incremento de su facturación un 168% entre 2002 y 2010 frente a un 72% de media en la UE-15 y debemos tener en cuenta que el uso inadecuado de las tecnologías no es inocuo, ya que es una de las causas principales de crecimiento del gasto sanitario innecesario y perjudicial para la salud.

Consideraciones finales

Tras el análisis del documento “10 temas candentes de la sanidad española para 2013” la FADSP considera que no existen motivos que avalen la validez de este informe y rechaza de forma absoluta sus conclusiones.

1. Su forma de expresión y sus objetivos “estrategias terapéuticas a medida para los clientes” “nichos de negocio” “liberalización de datos del genoma para selección de pacientes rentables” provoca el rechazo de los profesionales del sistema público.

2. El “comité de expertos” que asesora a la consultora en este informe está constituido por representantes de los lobbys más potentes de la industria sanitaria privada (Capio, Ribera salud, Hospitén, la Orden hospitalaria de San Juan de Dios, la Industria Farmacéutica y de tecnologías) cuyo objetivo es hacerse con nuestro SNS a pesar de la fuerte oposición de los profesionales y de la población.

3. El Informe está coordinado por Jordi Sevilla, que pasa de ser ministro de Administraciones Públicas a ser el mayor defensor de la gestión privada de la sanidad y los servicios públicos, tanto desde la Industria farmacéutica, a la que asesora, como desde la consultora PWC, que lo ficha en 2009.

4. Por otra parte, no parece que debamos fiarnos de las recomendaciones de PWC, consultora acusada en demasiadas ocasiones por no reflejar la realidad de las cuentas de las empresas auditadas. PWC era la consultora de las empresas de Diaz Ferrán, incluyendo al grupo Marsans y “no detecta” una fabulosa deuda de más de 500 millones de euros, auditó a la agencia IDEA y “no descubre” el fraude de los EREs de Andalucía y aprueba la fusión de Cajas de Ahorros para constituir nuevas entidades como Bankia y Nova Galicia Banco, que han supuesto la transformación de una gran deuda financiera privada en una fabulosa deuda pública, a través del FROB.

Pero PWC es una “big four” y su información e influencia en la política de los gobiernos es muy grande. PWC pertenece a IBM, la empresa que almacena una mayor cantidad de datos a nivel mundial y dispone de información sensible de la población española, incluyendo datos de salud. En su informe sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones la consultora propone que estas se reduzcan y se paguen durante menos tiempo y en su Informe sobre el sector inmobiliario español apuesta por incentivar la construcción en la costa española y simplificar los trámites urbanísticos. Además PWC recomienda “regular” el derecho de huelga e incrementar las centrales nucleares en España, decisiones poíticas ya tomadas o que con toda probabilidad se tomarán, ya que Rajoy es especialmente vulnerable a las recomendaciones de esta consultora y altos cargos de su gobierno provienen de PWC, como el ministro de economía Luis De Guindos, el actual director general del FROB Antonio Carrascosa y el Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete,

Por todo ello, la FADSP considera que el informe de PWC “10 temas candentes de la sanidad española para 2013”, si se siguieran sus recomendaciones, puede suponer el Acta de defunción de nuestro SNS.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Mayo 2013

[1] Laporte JR, Bosch M. Crisis y política de medicamentos. Aten Primaria 2012. doi:10.1016/j.aprim.2012.03.006


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